El primer pleno ordinario de la legislatura en el Congreso de los Diputados intentará este martes aprobar lo antes posible una ley de eutanasia. Una norma que despenalice la ayuda a morir a personas en situaciones de salud extremas y que la convierta en un derecho individual garantizado, con los controles precisos, por el Servicio Nacional de Salud, que la incluirá en su cartera de prestaciones obligadas y gratuitas. En el pleno se acordará que la proposición de ley presentada con este objetivo por el PSOE se la primera norma que empiece a tramitar.
El enorme respaldo que dará la Cámara baja a la toma en consideración de la proposición socialista delata que hay una muy amplia mayoría parlamentaria favorable a regular la eutanasia, que, con independencia de los tiras y afloja que se producirán en el debate de enmiendas, garantiza lo votos suficientes para que la ley se apruebe. Este martes votarán a favor de tramitar la norma PSOE, Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, JxCat, EH Bildu y la mayoría de los pequeños partidos. Prácticamente, todo el hemiciclo menos PP y Vox. Eso significa un respaldo político superior a 200 diputados, muy por encima de los 176 votos -mayoría absoluta- que hacen falta para aprobar la ley orgánica.
El grupo socialista trabaja con la idea de que la ley de eutanasia, que prevé comenzar a aplicarse a los tres meses de su aprobación, podría recibir la luz verde definitiva de Congreso y Senado antes de que termine el año. Varios de los grupos que apoyan su tramitación aseguran que colaborarán para lograr el acuerdo parlamentario que permita su puesta en práctica «lo antes posible». Esta vez la norma no podrá ser bloqueada, como ocurrió entre 2018 y 2019 con PP y Ciudadanos, cuando impidieron que llegase siquiera a iniciar su tramitación, prorrogando durante meses el plazo para presentar enmiendas. La nueva mayoría absoluta en la Mesa del Congreso está en manos de PSOE y Podemos.
El mismo convencimiento de que habrá ley y pronto lo tiene Fernando Marín, el presidente de Derecho a Morir Dignamente, la asociación que más ha peleado por esta norma. «Sí, estamos convencidos de que esta vez será la buena y en 2020 tendremos una ley de eutanasia». «Se dan todas las condiciones: inicio de legislatura, mayorías suficientes y voluntad política clara», argumentó Marín. Si tiene razón, la eutanasia será una realidad en España en su vigésimo intento de legalización en las Cortes desde 1994.
Todos, políticos y ONG, recordaron que se trata de una reforma con un amplio apoyo social. Entre el 70% y el 85% españoles, según varias encuestas, son partidarios de que se permita la eutanasia, necesidad que comparte una proporción similar de doctores, según el sondeo realizado por la Sociedad de Medicina Interna.
Requisitos
La propuesta socialista, que probablemente sufrirá cambios en la fase de enmiendas, contempla el derecho a la eutanasia para pacientes con «una enfermedad grave e incurable» -con un pronóstico de vida limitado- y para las personas con una incapacidad grave crónica -que les impide valerse por sí mismos de manera permanente y no tiene pronóstico de mejora- siempre que, además, en ambos casos, les produzca «sufrimientos físicos o psíquicos insoportables y constantes».
Los solicitantes, que tienen que ser capaces y conscientes, deberán pedirlo explícitamente y por escrito, ser mayores de edad y tener nacionalidad española o residencia legal en España. La solicitud debe formularse dos veces, con 15 días de diferencia, para garantizar un plazo de reflexión al afectado tras recibir la información médica. El enfermo podrá revocar la petición en cualquier momento. La norma prevé que todo el procedimiento debería durar un máximo de 32 días desde la petición inicial.
La petición de ayuda para morir, para que pueda hacerse efectiva, deberá ser valorada y autorizada por dos médicos, que determinarán sí se cumplen las condiciones exigidas por la ley. Uno será uno de los médicos que habitualmente trata al paciente y otro un profesional externo sin relación alguna con el caso del solicitante. Los profesionales sanitarios podrán invocar la objeción de conciencia para no participar en procesos de eutanasia, pero siempre tendrán que hacerlo antes de la solicitud y por escrito, con lo que serán incluidos en un registro.
La última decisión, según el texto base socialista, la tendría una comisión de evaluación autonómica, formada por médicos, juristas y otros profesionales de reconocido prestigio, nombrada por cada comunidad, que revisaría la decisión de los médicos. No obstante, los términos en que quedará este control colegiado 'a priori' aún están por ver porque grupos como Podemos y ERC lo rechazan.
La solicitud de ayuda a morir podría ser denegada en dos ocasiones. En un primer momento, por los médicos que valoran la petición. El paciente puede recurrir el no ante la comisión autonómica en un plazo de cinco días. La solicitud también puede ser rechazada por la comisión de valoración, lo que obligaría al enfermo a recurrir la negativa ante los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Como último paso, el solicitante deberá decidir si es él mismo quien se toma la medicación letal que le prescriba su médico o si prefiere que sea el equipo sanitario quien le suministre estos fármacos.
